En el pasado mes de diciembre de 2021, se presentó el dictamen favorable para la Iniciativa de Ley de Comercio Exterior. Revisándola, localizo que contiene lineamientos generales sobre el tema, aspectos que se encuentran regulados en otras normas, procedimientos que en la práctica existen, creación de órganos públicos que duplican roles desempeñados por otros y, finalmente, un limitado número de aspectos que pueden calificarse como novedosos o que aclaran situaciones que hoy en día han causado discrepancia.
Dentro de estos últimos, puedo mencionar como ejemplos el establecimiento de la obligación por parte del gobierno de presentar un informe anual sobre los resultados de la implementación de cada acuerdo comercial vigente y el tratamiento de las prácticas desleales de comercio desde una visión preventiva. También se señala la necesidad que se presente un estudio con datos objetivos, que sustenten previamente la negociación de un tratado con terceros países.
Procura establecer una cierta organización de las negociaciones comerciales, pero realmente solo recoge grupos y mecanismos que existen actualmente, y que no han mostrado mayor eficacia ni representatividad para que se considere que sean adecuados a la realidad del país. Asimismo, pareciera ser que sustituye entes de participación mixta que al momento han tenido un rol importante en la materia, como lo es CONAPEX, PRONACOM y el programa de agregados comerciales.
Dos aspectos que considero importantes y que tratan de ser aclarados, es la jefatura del MINECO como coordinador de los procesos de arbitraje internacional en los que Guatemala sea parte, y la disposición de la que se puede interpretar que las modificaciones a los programas de desgravación arancelaria y las reglas de origen específicas de acuerdos vigentes, no deban ser objeto de aprobación legislativa para su aplicación.
Con lo expuesto, saco dos conclusiones iniciales. La primera, es que esta Iniciativa no presenta una aportación valiosa para el comercio exterior guatemalteco, pues los pocos aspectos “novedosos” no tienen forzosamente que ser regulados en una ley, con lo cual el tiempo de los diputados y los recursos que todos los guatemaltecos pagamos para el funcionamiento del Congreso, serían desperdiciados.
La segunda, y la que considero más importante, es que es un sin sentido emitir una ley sobre una materia tan cambiante como lo es el comercio internacional, al amparo de una política general gubernamental que fue emitida en 2012, hace casi diez años. Este período de tiempo en un mundo como el que vivimos, es una eternidad.
Guatemala se encuentra rezagada en varias áreas del intercambio de mercancías y servicios. Se supone que nos basamos en una “apertura negociada”, de mercados. Sin embargo, no ha entrado en vigencia un nuevo acuerdo casi en una década. A pesar que han pasado varios años desde que se encuentran suscritos los TLC con EFTA y Perú, situaciones políticas e intereses particulares han evitado que estos sean aplicados. Por otro lado, negociaciones efectuadas con Trinidad & Tobago, Canadá, Cuba, Israel y Corea, no han podido ser finalizadas.
Mientras tanto, el resto de Centroamérica y no se diga otras naciones latinoamericanas, han abierto mercados por medio de estos instrumentos, con países como los mencionados y con otros tan importantes como China. Esto nos hace tener que reflexionar si el fomento de exportaciones lo seguiremos sustentando en la búsqueda de beneficios arancelarios a través de tratados o por medio de otro tipo de aspectos que eleven nuestra competitividad.
Por otro lado, la atracción de inversiones y el esquema legal para ello, sigue siendo bastante primitivo. Nos basamos en la exención de impuestos, pero el nuevo ordenamiento que se está generando en la OCDE con el sistema de tributación efectiva mínima global, va a hacer a la larga inefectivos los incentivos fiscales. Sumado a esto, somos de los pocos países que no posee ningún acuerdo de doble tributación y, hasta hace unos días, el gobierno ha anunciado que está elaborando legislación sobre estabilidad jurídica de las inversiones, materia que lleva años de aplicarse en otros países latinoamericanos. Mi conclusión al analizar todo esto, es que se hace necesaria una nueva política de comercio exterior y de inversiones, pues el esquema con el que contamos en este momento se ha vuelto obsoleto y, lo que es peor, ni siquiera lo aplicamos. Metodológicamente, primero se establece una política y, en base a ella, se emite normativa. Hacerlo al revés, es un contrasentido.
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